El poder ejecutivo ha aprobado un proyecto de ley en el cual se promueve fuertemente la construcción de viviendas de interés social a través de exoneraciones fiscales a las empresas constructoras.
En paralelo, se han lanzado una gran diversidad de planes de financiación por medio de los bancos BHU, ITAÚ, SANTANDER, y HSBC, los cuales abarcan desde el 70 % al 90 % del costo final del inmueble a adquirir. Las razones que han promovido ésta ley están fundamentadas en un acompañamiento del desarrollo inmobiliario al crecimiento de la economía del Uruguay, la cual ha crecido superlativamente desde la famosa crisis del 2002. Por otro lado, se prevé una mejora de las rentabilidades en las inversiones extranjeras, lo que provocará que los capitales que provienen principalmente de Europa y Estados Unidos permanezcan en sus países de origen. Estos capitales eran destinados para la construcción de viviendas suntuarias, que dicho sea de paso, la demanda sobre este tipo de inmuebles ha decrecido fuertemente, aumentando en contrapartida la de viviendas de mediano y bajo costo.
